La familia de una alumna con discapacidad auditiva y motriz del 66 por ciento, del colegio concertado San Antonio María Claret, ha expresado su frustración ante la falta de respuesta de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en relación con la solicitud de un intérprete para la menor en sus actividades lectivas. La petición de un nuevo concierto para una unidad de apoyo con un especialista intérprete de lengua de signos fue denegada por la Administración educativa, argumentando que no se cumplían los requisitos necesarios.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha intervenido en el caso, solicitando informes a la Administración educativa, que hasta el momento no han sido proporcionados. Ante esta falta de colaboración, se ha advertido a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo sobre las posibles consecuencias legales por no brindar la información solicitada.
La madre de la alumna ha manifestado su preocupación por la situación de su hija, quien lleva más de dos años esperando la asignación de un intérprete de lengua de signos para poder participar plenamente en el entorno educativo. A pesar de los esfuerzos realizados, la familia se siente desamparada y denuncia una clara discriminación en el acceso a una educación inclusiva y adaptada a las necesidades de la menor.
