El Consejo Territorial de Memoria Democrática ha dado luz verde, sin ningún voto en contra, a la asignación de tres millones de euros de los fondos correspondientes a 2024 para que las comunidades autónomas continúen con las labores de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista. En esta ocasión, Andalucía ha recibido una suma de 520.000 euros. Estos recursos también se destinarán a actividades de divulgación y dignificación de los lugares de enterramiento.
En la reunión, presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se contó con la participación del secretario de Estado de Política Territorial, Fernando Martínez, y representantes de las comunidades y ciudades autónomas con competencias en memoria democrática. En ella se informó detalladamente sobre la distribución por bloques de esta partida presupuestaria.
En concreto, se asignaron 2.000.000 euros en la Línea 1 para las labores de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura, así como 1.000.000 de euros en las Líneas 2 y 3 para actividades de divulgación de trabajos realizados, dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de lugares de memoria asociados a los mismos.
Además, se informó a los consejeros autonómicos sobre la adquisición del programa Bonaparte, el cual permitirá al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses gestionar una base de datos nacional para la identificación de cadáveres y personas desaparecidas a través de perfiles de ADN.
Por otro lado, la Ley de Memoria Democrática establece la creación de la Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España y la Comisión técnica para la reparación económica a las víctimas de la guerra y la dictadura. Las comunidades autónomas participarán con dos representantes en cada comisión, designados por el Consejo Territorial.
Finalmente, en este primer Consejo Territorial de la legislatura, se ha solicitado a todas las comunidades y ciudades autónomas que, en caso de contar con catálogos de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, los remitan a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para su inclusión en el catálogo estatal.
