El Ayuntamiento de Sevilla ha destinado su Delegación de Movilidad a la nave de la calle Francisco Meneses, que es propiedad municipal y está calificada como Servicios de Interés Público y Social (SIPS) en el planeamiento urbano. Esta nave fue recuperada después de haber sido ocupada por un colectivo conocido como Centro Social Ocupado y Autogestionado La Leona. Así lo recoge un acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento, según informa Europa Press.
En una sesión de la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno Local celebrada en diciembre de 2022, el concejal del PP Ignacio Flores preguntó al entonces Gobierno local del PSOE sobre las acciones tomadas ante la ocupación de la nave municipal en la calle Francisco Meneses, cerca de la popular avenida de Miraflores.
Mientras el colectivo que ocupó la nave argumentaba que el Ayuntamiento no había cumplido con su obligación de habilitar el espacio para los usos sociales previstos en el plan urbanístico, y que la zona necesitaba espacios vecinales, el concejal del PP advertía que el edificio estaba siendo utilizado para reuniones, fiestas, hogueras y otras actividades molestas para los vecinos e incluso peligrosas.
Ante esta situación, el concejal del PP solicitó información sobre la respuesta del Gobierno local, a lo que la concejala socialista Carmen Fuentes, en aquel entonces miembro del Gobierno, respondió que la ocupación del inmueble había sido constatada y que los operarios municipales intentaron acceder a él, pero encontraron que la cerradura había sido cambiada.
La Policía Local intentó identificar a los ocupantes, pero estos se negaron a abrir la puerta por indicación de su abogada. Ante esto, se presentó una denuncia ante la Policía Nacional y la junta de gobierno del Ayuntamiento aprobó iniciar los trámites para recuperar el espacio.
La concejala afirmó que se habían puesto en marcha todas las acciones permitidas por la ley para recuperar la posesión de la nave y que una vez notificado el inicio de las acciones, los ocupantes tendrían un plazo de diez días para alegar, tras lo cual se aprobaría la recuperación inmediata de las instalaciones.
En enero, la junta de gobierno del Ayuntamiento declaró la posesión del inmueble por parte del Consistorio, después de haber acordado iniciar los trámites para su recuperación en diciembre de 2022.