La Delegación Territorial de la Consejería de Fomento e Infraestructuras ha iniciado el proceso de expropiación forzosa de los terrenos afectados por el primer tramo de la prolongación del carril reservado para autobuses y vehículos de alta ocupación (Bus-VAO) del puente de la Señorita, que conecta Sevilla y Camas, por el sector norte del Aljarafe hasta llegar a Salteras.
Según el anuncio emitido el 23 de noviembre por el departamento, se ha levantado actas previas a la ocupación de los terrenos, detallando en una «relación individualizada de bienes y derechos afectados» que el primer tramo del proyecto, financiado con fondos europeos de recuperación ante la crisis económica derivada de la pandemia, afecta a suelos de Sevilla capital, Camas y Castilleja de Guzmán, pertenecientes a los ayuntamientos de dichos municipios, a entidades como el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a particulares, a empresas e incluso a la propia Junta de Andalucía.
El proyecto contempla una «ampliación» de la carretera autonómica A-8077, que arranca en Camas, para la incorporación de un tercer carril, que servirá de plataforma reservada para el transporte público colectivo entre Camas, Castilleja de Guzmán, Valencina de la Concepción y Salteras. Este plan ha generado controversia debido a su posible incidencia en zonas arqueológicas protegidas en Valencina y Castilleja de Guzmán, donde existen vestigios de la Edad del Cobre.
A pesar de la polémica, las obras de este proyecto están pendientes de su adjudicación tras haber sido licitadas por casi 14,9 millones de euros, con cargo a fondos europeos.
