La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad se ha visto envuelta en una polémica tras la presentación de una demanda civil por parte de un matrimonio de Sevilla. La controversia surge a raíz de una resolución emitida el 24 de noviembre de 2022, en la que se acordaba el desamparo de sus cinco hijos menores de edad.
Según el abogado José Antonio Sires, del bufete Sires Abogados, la medida tomada por la Administración andaluza se llevó a cabo de manera abrupta, sin brindar explicaciones suficientes a los progenitores. Incluso, la retirada de los menores se habría extendido al hijo de dos años de edad de la hija mayor de la pareja, es decir, su nieto.
La falta de comunicación inmediata de la resolución a los padres, en un plazo máximo de 48 horas como establece la normativa, ha generado un clima de incertidumbre en torno al caso. Ante esta situación, la familia ha decidido interponer una demanda civil en el juzgado de Familia para impugnar la resolución administrativa.
El abogado no descarta la posibilidad de emprender acciones penales y llevar a cabo investigaciones para esclarecer los hechos y el procedimiento administrativo llevado a cabo. Este caso recuerda a otro ocurrido en agosto de 2023, en el que una madre se vio afectada por una rectificación administrativa similar, evidenciando irregularidades en la actuación de los servicios de menores.
Por su parte, la Consejería de Inclusión Social ha salido en defensa de la actuación realizada, alegando que se ha llevado a cabo conforme a la normativa vigente y con el objetivo de salvaguardar la protección e intereses de los menores involucrados.
