Reunión sobre contaminación en Coria del Río no logra avances positivos
La reunión llevada a cabo el pasado lunes entre representantes del Departamento de Salud y una delegación de vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río, afectados por un episodio prolongado de contaminación causado por un vertido de hidrocarburos de la gasolinera Zamarrilla Inversiones S.L., no ha arrojado resultados favorables, según informa el colectivo afectado.
En el encuentro, estuvieron presentes la responsable territorial de Salud y Consumo, Regina Serrano, el director general de Salud Pública, Jorge del Diego Salas, y otros funcionarios institucionales, quienes discutieron el tema con una representación de la asociación de afectados por esta contaminación.
Sin embargo, según la portavoz del colectivo, Rogelia Gómez, los representantes de la Administración sanitaria se negaron a proporcionar directamente el informe epidemiológico cerrado en diciembre del año pasado, argumentando que los afectados deben solicitarlo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Coria, encargado de la investigación penal del caso.
En cuanto a la solicitud de que el asunto sea abordado por un especialista en tóxicos a través del Instituto Nacional de Toxicología, el director general de Salud habría respondido que corresponde al colectivo formular dicha petición ante el Instituto de Toxicología.
Estas y otras cuestiones tratadas durante la reunión, que duró aproximadamente dos horas, no arrojaron resultados positivos, lo cual ha sido una gran decepción para el colectivo afectado, que tenía muchas esperanzas puestas en este encuentro. Sergio González, otro de los afectados, afirmó que la Consejería los está abandonando a su suerte.
A pesar de esto, la portavoz de los afectados declaró que continuarán luchando e insistiendo en su solicitud de una entrevista con la consejera de Salud, Catalina García, quien es la máxima responsable de la sanidad en Andalucía.
A la espera de un nuevo estudio
Recientemente, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, anunció que su departamento, junto con la Consejería de Política Industrial y Energía, tiene planeado llevar a cabo un estudio más exhaustivo sobre la situación en la barriada Guadalquivir de Coria.
En concreto, la consejera recordó que existe un informe emitido por la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía, basado en un estudio epidemiológico realizado a 138 personas de la barriada Guadalquivir de Coria que acudieron a los centros de salud de la localidad en el último trimestre de 2017.
Tras revisar el 80 por ciento de los historiales clínicos de estas personas, el informe indica que en el 79 por ciento de los casos no hay registros de atención posterior a 2018, lo que impide obtener conclusiones claras sobre el impacto en términos de patología crónica o riesgo a medio o largo plazo debido a la exposición ocurrida en el área de estudio.
Según la consejera, la búsqueda de una relación causal entre la exposición a sustancias químicas y los efectos en la salud debe basarse en el conocimiento científico de efectos crónicos comunes asociados a la población expuesta, lo cual no se ha demostrado en este caso. Por ello, se llevará a cabo un estudio más exhaustivo para promover las acciones de investigación necesarias.
Cabe destacar que un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, fechado el 18 de junio de 2020, revela un daño sustancial en la calidad del suelo y las aguas subterráneas en el entorno de Coria debido a los vertidos contaminantes de hidrocarburos. Además, se detectó un riesgo intolerable de exposición al sulfato de dimetilo en las muestras analizadas en el interior de las viviendas.
En 2021, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Sevilla reconoció la incapacidad permanente en grado total a uno de los vecinos afectados por esta contaminación, debido a la exposición a hidrocarburos por encima de los valores aceptables.
La lucha de los afectados continúa mientras esperan respuestas y soluciones por parte de las autoridades competentes.
