La Diputación de Sevilla, bajo la presidencia de Javier Fernández, ha aprobado destinar 20 millones de euros del Plan Más Sevilla Social para colaborar con las entidades locales en la prevención de la exclusión social a través del empleo y en la gestión municipal de la emergencia social durante el año 2024. Esta medida beneficiará a más de 5.500 familias vulnerables y permitirá la realización de 9.000 contrataciones en los municipios.
En la Junta de Gobierno celebrada en la sede de la Diputación y presidida por Javier Fernández, se ha dado el visto bueno para la concesión definitiva de ambas colaboraciones financieras, según ha informado la institución en un comunicado.
El Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2024-2027, aprobado en el Pleno del pasado mes de abril, contempla seis líneas estratégicas para el abordaje de diferentes actuaciones en el ámbito local y provincial, en función de las competencias otorgadas por la legislación.
Dentro de este marco, se ha lanzado la convocatoria del Programa para la Prevención de la Exclusión Social a través del empleo temporal, financiado con 15,8 millones de euros, de los cuales la Diputación aporta 15 millones y los municipios participantes cofinancian según su población.
Además, el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2024 contempla la atención social complementaria a través de prestaciones económicas para situaciones de urgencia y emergencia social, con una dotación de cinco millones de euros.
Con esta iniciativa, más de 5.500 familias vulnerables recibirán apoyo a través del Plan Más Sevilla Social, junto con cerca de 9.000 contrataciones laborales en los municipios para personas en desempleo de larga duración y con cargas familiares.
En cuanto a la distribución financiera, el Programa de Emergencia Social para 2024 se reparte de manera equitativa en las diferentes áreas territoriales de la provincia, al igual que el Programa de Prevención de la Exclusión Social.
Este año, el Programa de Prevención de la Exclusión Social presenta novedades, como la disminución de la aportación obligatoria de los ayuntamientos participantes y la eliminación de la limitación del importe imputable por contrato a la subvención provincial.
Finalmente, el IPREM que se utiliza para evaluar la capacidad económica de las unidades familiares se mantiene congelado en los valores de 2023, con cuantías diarias, mensuales y anuales establecidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
