El pleno de la Diputación de Sevilla, presidido por Javier Fernández del partido socialista, ha dado el visto bueno de forma unánime a una moción presentada por la coalición de izquierdas Con Andalucía, con una enmienda del PP, en la que se insta al Gobierno de Juanma Moreno a rescatar los servicios del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) que actualmente están en manos de empresas privadas.
Según la diputada María Izquierdo (IU), la moción detalla que el colectivo andaluz de PTIS se divide en dos grupos: 900 personas pertenecientes a la Consejería de Desarrollo Educativo y 1.900 personas que trabajan para empresas contratadas por el departamento autonómico. La moción expone que el colectivo externalizado sufre precariedad laboral, bajos salarios, inestabilidad laboral y el incumplimiento de convenios, lo que ha llevado a una convocatoria de huelga en demanda de la reversión de los puestos privatizados a empleo público.
Además, la propuesta advierte de la falta de PTIS en muchos centros educativos, especialmente con el aumento del 30 por ciento de alumnos con necesidades educativas especiales en los últimos años. Por lo tanto, la moción reclama el apoyo a las reivindicaciones del colectivo PTIS, así como el refuerzo del control del cumplimiento de las obligaciones de las empresas contratadas para este servicio y garantizar la cobertura del mismo en todos los centros.
Durante el debate plenario, la diputada del PP, Gloria Guillén, ha señalado que el modelo de PTIS proviene de gobiernos anteriores y ha defendido el compromiso del actual ejecutivo con el servicio, destacando el aumento de profesionales y presupuesto para las contrataciones externas.
Por su parte, el socialista Casimiro Fernández ha alertado que la situación del servicio de PTIS es consecuencia del modelo educativo del PP, que consiste en privatizar y recortar, alegando que la educación pública andaluza sufre el menor gasto público por alumno de toda España.
Finalmente, la moción fue aprobada por unanimidad, incluyendo una enmienda del PP que matiza el punto relativo al rescate del servicio, recordando la necesidad de someter dicha operación a la legalidad vigente.
