La Plaza de España de Lora del Río (Sevilla) será el punto de encuentro para una concentración que se llevará a cabo este sábado a las 20:30 horas con el objetivo de exigir soluciones a los recurrentes problemas de abastecimiento y calidad del agua que ha experimentado la localidad, siendo el más reciente este verano, con 26 días en los que el agua ha sido declarada no apta para el consumo humano.
Según informó el portavoz municipal del PSOE, Fran Carrasco, la convocatoria de la concentración habría sido impulsada por los partidos de oposición en colaboración con otros colectivos.
Cabe recordar que durante un episodio previo de turbidez en el agua en Lora en 2023, el Gobierno local del PP atribuyó las incidencias en el suministro a la sequía y a los 26 años de gestión privada del servicio del agua, durante los cuales la empresa Aqualia habría incurrido en falta de mantenimiento y limpieza de las tuberías, así como en inversiones insuficientes en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP).
En julio, la localidad se vio nuevamente afectada por un episodio de turbidez del agua, que presentaba una coloración preocupante, lo que llevó a declarar el agua como no apta para el consumo humano debido a la concentración de manganeso, una prohibición que se mantuvo hasta el 14 de agosto.
En medio de esta situación, se desató una disputa política entre el alcalde, el popular Antonio Enamorado, y los socialistas, ya que el alcalde acusó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de desembalsar agua de la presa José Torán, lo que habría provocado la presencia de manganeso en el agua de la localidad.
Por su parte, la CHG argumentó que no estaba comprobado que el movimiento del agua en el embalse fuera la causa del aumento de los niveles de manganeso, instando al Ayuntamiento a invertir en reforzar su planta de tratamiento para resolver definitivamente el problema.
Posteriormente, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, señaló que las competencias sobre el agua corresponden al Ayuntamiento y que se necesitaría una nueva depuradora, aunque la decisión final recae en el Gobierno local. La Diputación colaborará económicamente con el proyecto y ya tiene previstas mejoras en la actual depuradora.
Ante estas declaraciones, el alcalde acusó a Fernández de politizar la situación del agua y de culpar al equipo de Gobierno de la situación, argumentando que hasta 2022 la gestión estaba a cargo de una entidad privada y que durante el año 2023 fue el partido del presidente el que gobernó durante once meses y no realizó inversiones en el ciclo integral del agua.
