La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha asignado una cantidad de 2,8 millones de euros a siete entidades locales en la provincia de Sevilla para financiar 31 equipos de tratamiento dirigidos a familias con menores en situación de riesgo o desprotección. Este programa tiene como objetivo atender a más de mil familias y a más de 1.900 menores sevillanos con la participación de 97 profesionales en la provincia.

En una reunión celebrada este martes, el Consejo de Gobierno ha examinado la orden de la Consejería que regula la distribución de fondos para el ejercicio 2024 de este programa. La orden establece que se destinarán un total de 14,4 millones de euros a nivel regional para 94 entidades locales, incluidas las ocho diputaciones y 86 ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes, para financiar 153 equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección.

Estos equipos tienen como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo un tratamiento integral que permita la adquisición de habilidades para superar las dificultades que puedan afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores. Además, se busca preservar los derechos de los niños, promoviendo su desarrollo integral en su entorno familiar y facilitando su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que sea posible.

Actualmente, en Andalucía, los equipos para el tratamiento a familias están compuestos por 487 profesionales de diferentes disciplinas y 94 coordinadores que trabajan en 86 municipios con más de 20.000 habitantes y en las ocho diputaciones provinciales. Estos equipos han atendido a unas 5.700 familias y 11.100 menores anualmente en toda la región, evitando la separación de los menores de su entorno familiar en más del 80% de los casos.

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud y Familias e Igualdad de Sevilla, María Luisa Cava, ha destacado la importancia de estos equipos de tratamiento familiar como una pieza fundamental en el sistema de protección de los menores. Estos equipos juegan un papel crucial en la detección de situaciones de riesgo que afectan el bienestar de los menores y en la prevención de la separación de las familias en situación de vulnerabilidad social.

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