La organización Facua ha expresado su convicción de que la consulta ciudadana realizada por el Ayuntamiento de Sevilla para decidir entre mantener la Feria de sábado a sábado o volver al modelo tradicional, en la que el 52 por ciento de los votos fueron a favor de restituir el modelo corto después de que 106.791 sevillanos y propietarios de casetas y carruajes participaran en la votación, permitía la suplantación de identidades.
Facua ha señalado que «cualquier persona con acceso al DNI y fecha de nacimiento de un residente en Sevilla podía suplantar su identidad y votar en su nombre, ya que el número de teléfono solicitado solo servía para recibir el código SMS que permitía votar, sin importar quién fuera el titular».
En respuesta a una solicitud oficial, el Ayuntamiento de Sevilla, liderado por José Luis Sanz del Partido Popular, ha respondido a Rubén Sánchez, secretario general de Facua, que «para acceder al número de teléfono al que se envió el código, sería necesario proporcionar el código SMS enviado al teléfono».
«En la respuesta, no solo se niega a Facua el acceso al número de teléfono utilizado para votar en su nombre, sino también a la información sobre el sentido del voto. Además, se rechaza proporcionar detalles sobre cuándo y a qué hora se solicitó el código para participar en la votación».
Según Facua, la respuesta señala que «el número de teléfono móvil era solo un dato instrumental para recibir el código SMS, ya que no era necesario utilizar su propio teléfono para votar, ya que no cumplía ninguna función de identificación personal y no se verificaba si el teléfono al que se enviaba el SMS era propiedad de la persona».
Facua Sevilla considera que la actitud del ayuntamiento vulnera el derecho de acceso de los usuarios a los datos personales, reconocido por la Ley 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento General de Protección de Datos; insistiendo en que la votación estuvo marcada por «una serie de irregularidades y fallos en la web que llevaron a que miles de sevillanos desistieran de participar».
Según Facua, «el Ayuntamiento no tenía los medios para detectar y anular los votos falsos, ya que no tenía acceso a la información sobre la propiedad de las líneas móviles, un dato que solo poseen las compañías de telecomunicaciones».
Facua Sevilla también argumenta que se vulneraron otras normativas, como los preceptos esenciales establecidos en la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, ya que la consulta no fue aprobada por el Pleno del ayuntamiento ni publicada en el BOP. Asimismo, se violó el artículo 35 de la ley de participación ciudadana para las consultas populares, que establece que todas las personas mayores de 16 años tienen derecho a voto.
