El Instituto de Estudios Cajasol acogió una interesante jornada dirigida por Juan Antonio Carrillo Donaire, experto en Derecho Administrativo y consejero del Consejo Consultivo de Andalucía, en la que se abordó el tema del nuevo contrato de concesión administrativa y se analizaron las ventajas e inconvenientes de los actuales instrumentos legales destinados a garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos a nivel local.
La coordinación de la jornada estuvo a cargo de Fernando Rodríguez Villalobos, ex presidente de la Diputación de Sevilla, y Pedro Rodríguez Delgado, director general en Aljarafesa. Esta actividad forma parte del programa de formación continua del Instituto para profesionales, enfocado en la actualización en diversos campos, según se informó en un comunicado de prensa.
Durante su intervención, Juan Antonio Carrillo Donaire expuso las principales razones que, en su opinión, han llevado al fracaso de la concesión administrativa. Señaló que, desde la desaparición del tradicional contrato de concesión de servicios públicos en nuestro ordenamiento jurídico, la nueva figura del contrato de concesión de obras o servicios no resulta totalmente adecuada para gestionar las competencias locales sobre servicios básicos. Esto se debe a que requiere que las concesiones cuenten con la aprobación de un estudio de viabilidad económico-financiero y la demostración de que se traslada un riesgo operacional efectivo al contratista.
Según Carrillo Donaire, «servicios que anteriormente se gestionaban a través del contrato de gestión de servicios públicos a nivel local deben adaptarse, a veces con dificultades, a esta nueva figura; o transformarse en contratos de servicios simples, sujetos al régimen jurídico que garantiza el cumplimiento de los principios del servicio público para atender las necesidades de la ciudadanía en términos de regularidad, universalidad e igualdad».
Además, señaló que en la práctica se está observando un movimiento, a veces cuestionable desde el punto de vista jurídico, hacia la utilización de negocios jurídicos patrimoniales, a través de autorizaciones y concesiones demaniales, para gestionar servicios públicos tradicionales. Esto representa, en su opinión, una forma de evadir la legislación de contratos públicos.
