El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado, en una sesión ordinaria, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006. Esta modificación, que cuenta con el respaldo del Gobierno local del PP, del PSOE y Vox, y la abstención de Podemos-IU, tiene como objetivo ajustar el importe de las garantías que deben abonar las empresas constructoras por proyectos de urbanización y obras en espacios públicos, según lo establecido en la nueva Ley del Suelo de Andalucía.
Específicamente, la modificación establece que el importe de constitución de la garantía por parte de las empresas constructoras será «por importe no inferior al siete por ciento de los gastos de urbanización». Esta medida busca alinearse con lo dispuesto en la nueva Ley del Suelo de Andalucía.
La portavoz del Grupo de Podemos-IU, Susana Hornillo, ha expresado su preocupación ante esta modificación, señalando que la garantía exigida a las empresas constructoras se reducirá del 25 por ciento al siete por ciento del coste de la obra. Hornillo enfatizó que esta garantía es un respaldo para el Ayuntamiento en caso de incumplimientos por parte de las empresas.
Por otro lado, el concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido la medida, describiéndola como una simple «adaptación» del PGOU a la nueva Ley del Suelo de Andalucía. De la Rosa aseguró que esta modificación busca eliminar trabas y generar ventajas en materia de atractivo empresarial, negando que los intereses generales queden desprotegidos.