La plantilla del servicio municipal de grúa de Sevilla, gestionado por una unión temporal de empresas (UTE) conformada por Talleres y Automóviles Diego y Tranfocar; ha denunciado dos despidos como represalia por las movilizaciones, ya que los trabajadores tienen programados nuevos paros parciales a partir de mediados de febrero y una huelga indefinida desde el 22 de marzo Viernes de Dolores.
Santiago López, portavoz del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en este servicio municipal externalizado, que lidera el comité, ha informado que la empresa ha justificado los despidos alegando un presunto bajo rendimiento de los trabajadores, algo que él niega y considera una represalia por las movilizaciones.
Uno de los trabajadores afectados había señalado ante la Inspección de Trabajo que el cuadrante adicional de horas extra impuesto por la empresa durante las fiestas navideñas, coincidiendo con los paros parciales, fue comunicado como de obligatorio cumplimiento con la advertencia de consecuencias en caso de negarse. Esto se considera un obstáculo al derecho a la huelga de la plantilla.
Durante las pasadas fiestas navideñas, los trabajadores realizaron paros parciales que resultaron en la suspensión de cerca de 60 servicios solicitados por la Policía Local para la retirada de vehículos estacionados en lugares indebidos, según el sindicato.
Los representantes sindicales señalan que la entidad gestora de este servicio público no estaría cumpliendo un acuerdo alcanzado en el 2023 en el seno del Sercla, para poner fin al conflicto laboral que ya atravesaba entonces el servicio, incluida una huelga.
En cuanto a la convocatoria de huelga anterior, el sindicato advirtió que la unión temporal de empresas (UTE) Grúa Sevilla no había subrogado las condiciones laborales de los trabajadores de la anterior empresa concesionaria del servicio, lo que implicaba una pérdida de derechos económicos y sociales.
A pesar de un acuerdo alcanzado en el 2023 para levantar la convocatoria de huelga, la empresa no ha cumplido con la aplicación transitoria del convenio colectivo. Además, se acusa a la empresa de imponer cláusulas abusivas de movilidad geográfica a los trabajadores y de instalar sistemas de videograbación en el centro de trabajo sin respetar la intimidad y el honor de los empleados.
