Este viernes se han repetido los paros parciales convocados en el servicio municipal de grúa de Sevilla, lo que ha llevado a que la ciudad se quede «sin grúas» para atender las incidencias en el primer tramo de la mañana. Estos paros parciales se llevan a cabo debido a la gestión de una unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Talleres y Automóviles Diego y Tranfocar.
El responsable del servicio municipal externalizado del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, Santiago López, ha informado que se trata de paros parciales de dos horas en diferentes horarios, programados para varios días de diciembre y enero. Los servicios mínimos determinan dos unidades en los horarios de huelga y estas han quedado ocupadas por las primeras incidencias matinales.
En este primer turno matinal entre las 8,30 y las 10,30 horas, el servicio municipal ha funcionado únicamente con los servicios mínimos de dos grúas, que se han ocupado de las primeras incidencias matinales. Según López, esto ha llevado a que «no haya habido grúas» para atender las solicitudes de la Policía Local respecto a otras muchas incidencias relacionadas con la invasión de espacios de carga y descarga para comercios u otras situaciones similares.
El comité de huelga ha denunciado que la empresa gestora del servicio público no estaría cumpliendo el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril en el seno del Sercla, para poner fin al conflicto laboral que atravesaba entonces el servicio, huelga incluida.
La huelga se originó a raíz de que la nueva adjudicataria del servicio municipal, la UTE Grúa Sevilla, no haya subrogado las condiciones laborales de los trabajadores de la anterior empresa concesionaria del servicio, lo que ha llevado a una pérdida de derechos tanto económicos como sociales para los trabajadores.
Desde el comité de huelga se asegura que la empresa estaría «faltando de forma recurrente a su compromiso, incurriendo en numerosos, variados y continuos incumplimientos», entre ellos el incumplimiento de los acuerdos correspondientes a los contratos de relevo, y el supuesto incumplimiento de los acuerdos correspondientes a los contratos de relevo, al imponer a los trabajadores «cláusulas abusivas de movilidad geográfica»; criticando en paralelo la instalación de «sistemas de videograbación» en el centro de trabajo, con «pretensión» de hacerlo además en los vehículos grúa.