El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU), ha destacado la «lucha» del municipio en la búsqueda de la recuperación de la actividad minera, con la esperanza puesta en el éxito del proyecto. Este 29 de enero se cumplieron 22 años del cierre de la mina, tras el desastre ambiental de 1998, y el alcalde recuerda el aniversario con nostalgia pero también con la determinación de reactivar la corta minera.
En declaraciones a Europa Press, Fernández resaltó la persistencia del pueblo de Aznalcóllar en su lucha por la reapertura de la mina, como un motor de desarrollo, actividad económica y generación de empleo. El proyecto de reactivación de la mina, con una inversión de 316 millones de euros y la creación estimada de 2.000 empleos directos e indirectos, tiene como objetivo la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos a lo largo de 17 años.
A pesar de las alegaciones presentadas por varias organizaciones ecologistas y políticas al proyecto de explotación de la mina, el alcalde confía en que la Junta de Andalucía y los funcionarios encargados de las autorizaciones realizarán un proceso «garantista» en cuanto al cuidado del medio ambiente. Fernández enfatizó que la mina reabierta será un modelo del siglo XXI y que su localidad apuesta por el desarrollo y empleo, pero no a costa de cualquier cosa.
En cuanto a la fecha de reapertura, el consejero de Política Industrial y Energía señaló el primer cuatrimestre de 2023 como el momento previsto, mientras que el alcalde expresó su deseo de que la reactivación ocurra lo antes posible. Sin embargo, los colectivos ecologistas advierten sobre la autorización ambiental que permitiría vertidos tóxicos en el río Guadalquivir, afectando zonas de especial conservación.
El proyecto de explotación de la mina también ha sido motivo de controversia legal, con la Audiencia de Sevilla programando un juicio para marzo de 2025 relacionado con la adjudicación de los derechos de explotación a la alianza México-Minorbis. La investigación incluye presuntos delitos como tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude y negociación ilegal, tras una denuncia presentada por una empresa que no logró obtener dichos derechos.
Estos acontecimientos han generado dos órdenes de sobreseimiento por parte de la juez instructora, que fueron revocadas por la Audiencia de Sevilla, lo que llevará el caso a juicio, destacando la participación de la juez Mercedes Alaya, conocida por su papel en la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
