La Fiscalía solicita penas de prisión para varios acusados en el juicio de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía y las ayudas arbitrarias concedidas a la empresa Calderinox.
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Daniel Alberto Rivera, el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y dos sindicalistas de CCOO están entre los acusados en esta macrocausa.
Según la acusación de la Fiscalía, Antonio Rivas autorizó ayudas con fondos públicos para la empresa Calderinox de forma ilegal, en complicidad con sindicalistas de CCOO. Estas ayudas estaban destinadas a paliar atrasos e impagos de nóminas de la plantilla, así como a financiar un plan de prejubilación.
Las resoluciones para la concesión de fondos fueron firmadas por los ex directores generales de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, ambos condenados por malversación en casos anteriores.
La Fiscalía pide penas de prisión para todos los acusados, con Antonio Rivas enfrentando siete años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta, Daniel Alberto Rivera cinco años de prisión y cinco de inhabilitación absoluta, y para los sindicalistas y otros implicados penas que van desde cuatro a seis años de prisión, además de inhabilitación.
En total, las peticiones de condena suman varios cientos de años de prisión para los acusados en este caso de corrupción relacionado con los ERE fraudulentos en Andalucía.
