Un grupo de activistas ecologistas ha llevado a cabo una marcha en bicicleta, denominada «ecomarcha», para protestar contra el proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar por parte de Minera Los Frailes, una empresa asociada entre Grupo México y Minorbis. Según los participantes, esta nueva explotación implicaría un vertido continuo de sustancias tóxicas en el río Guadalquivir, desde el estadio de la Cartuja hasta su desembocadura.
Las organizaciones ecologistas han expresado su preocupación por la aprobación de la autorización ambiental por parte de las autoridades de la Junta de Andalucía, que permitiría un vertido tóxico de 85,52 hectómetros cúbicos en la zona del Bajo Guadalquivir, afectando gravemente al ecosistema y poniendo en peligro la seguridad alimentaria de la región.
Por otro lado, se estima que la reapertura de la mina requerirá una inversión de 316 millones de euros y la creación de aproximadamente 2.000 empleos directos e indirectos. El proyecto tiene como objetivo la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, como cobre, zinc y plomo, durante un período de al menos 17 años.
El Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Aznalcóllar han defendido el proyecto minero, argumentando que se han establecido medidas de protección ambiental y un plan de restauración. Sin embargo, la Audiencia de Sevilla ha programado un juicio para marzo de 2025 para investigar la adjudicación de los derechos de explotación de la mina, debido a presuntos delitos como tráfico de influencias y malversación, tras una denuncia presentada por una empresa competidora.
