La entidad ecologista Ecologistas en Acción ha calificado como «absoluta irresponsabilidad» el dictamen ambiental favorable emitido por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la nueva explotación de la mina de Aznalcóllar. Según este colectivo, la emisión de este dictamen implica que el departamento sería «cómplice de los posibles delitos» que se juzgarán en 2025 en la Audiencia de Sevilla.
La Audiencia tiene previsto celebrar en 2025 un juicio en el que se resolverá si hubo delitos de tráfico de influencias, prevaricación o fraude en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero a México-Minorbis, empresa en la que participa la sociedad andaluza Magtel. Entre los acusados se encuentran los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de Magtel, y otras 14 personas, entre las que se encuentran funcionarios de la Junta de Andalucía y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El juicio abarcará presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación, tras la denuncia presentada por la empresa Emerita-Forbes Manhattan, que pujó sin éxito por los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar.
La juez instructora del caso ordenó en dos ocasiones archivar las actuaciones al no apreciar delito, pero ambas órdenes de sobreseimiento fueron revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, conocida por su participación en la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Para Ecologistas en Acción, es una «absoluta irresponsabilidad» que la Junta de Andalucía emita un dictamen ambiental favorable para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, ya que no hay certeza de que la adjudicación de los derechos de explotación esté libre de «métodos de corrupción».
