La organización de consumidores Facua-Consumidores en Acción ha anunciado a través de la plataforma de microblogging X, conocida como Twitter, que la Policía ha arrestado a M.G.F.A., una mujer implicada en un presunto caso de suplantación de identidad y acceso a comunicaciones privadas. Esta detención se produce después de que el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla emitiera una orden de búsqueda y arresto al no obtener respuesta a las citaciones previas.
Según Facua, los hechos se remontan a mediados de 2018, cuando una persona que se hizo pasar por Rubén Sánchez, el secretario general de Facua, contactó con la compañía de telecomunicaciones con la que Sánchez tenía contratados sus servicios. Esta persona solicitó un cambio en la cuenta de correo electrónico asociada a las facturas y modificó la contraseña de acceso a la zona privada de la web de la empresa.
Como resultado de estos actos, el presunto autor de los delitos pudo obtener la dirección del domicilio y los números de teléfono privados de Sánchez y su familia, además de acceder a información sobre los números de teléfono con los que se comunicaban.
Al percatarse de que ya no recibía las facturas en su correo electrónico y no podía acceder a su zona privada en la web de la compañía de telecomunicaciones, Sánchez presentó una denuncia en los juzgados y solicitó que se identificara el número de teléfono desde el que se habían realizado las llamadas para suplantar su identidad y acceder a su domicilio y datos de facturación.
El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla inició una investigación por presuntos delitos de usurpación del estado civil y de descubrimiento y revelación de secretos. Tras la petición del juzgado, la operadora de telecomunicaciones proporcionó el número de teléfono desde el cual se habían realizado las llamadas y confirmó las fechas y el propósito de las mismas.
Este número estaba registrado en otra compañía de telecomunicaciones, la cual identificó a su titular. A raíz de esto, el juzgado ordenó a la Policía Nacional que averiguara el domicilio de la persona en cuestión, una mujer con residencia en la provincia de León. A pesar de ser citada para comparecer como investigada por videoconferencia, la mujer no cumplió con esta solicitud, lo que llevó a la emisión de una orden de «búsqueda y detención» en junio de 2021.
