El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha expresado su preocupación por la falta de partidas presupuestarias para las políticas de memoria histórica en el proyecto presupuestario para 2024 del Ayuntamiento hispalense, liderado por el popular José Luis Sanz. Ante esto, la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia ha confirmado su advertencia sobre la «parálisis» de estas políticas desde que el PP tomó el poder.
Miguel Guerrero Larios, activista del colectivo, ha protestado contra esta situación, denunciando la falta de voluntad política del PP y señalando que no se ha asignado presupuesto para continuar con las políticas de recuperación de la memoria histórica. Además, lamenta que los trabajos de exhumación de la fosa común de Monumento del cementerio municipal de Sevilla aún no han sido licitados, a pesar de que el proyecto presupuestario municipal de 2023, elaborado por el anterior Ejecutivo local del PSOE, contaba con una asignación de unos 415.000 euros para este fin.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha resuelto provisionalmente el procedimiento emprendido en el anterior mandato municipal para la concesión de subvenciones para proyectos de investigación, estudio y divulgación de la memoria histórica y democrática, asignando 20.500 euros a tres actuaciones concretas.
Además, el Consistorio ha iniciado el proceso de renovación del pleno del Consejo Local Sectorial de la Memoria Histórica, que contará con un máximo de 12 vocalías en representación de entidades sociales vinculadas al movimiento memorialista de la capital andaluza.
En cuanto a la política de memoria democrática, el alcalde popular José Luis Sanz ha manifestado su intención de «reorganizar» esta política en el Ayuntamiento hispalense, argumentando que hay cierto despilfarro en una materia que, según él, es competencia autonómica. Sin embargo, la exhumación de la fosa común de Pico Reja del cementerio municipal de Sevilla, promovida por el Consistorio en la era de Gobierno del PSOE, concluyó con la recuperación de restos óseos de 1.786 personas «asesinadas» durante el golpe de estado de 1936 y la posterior represión militar bajo el mando del general Gonzalo Queipo de Llano.
En respuesta a esto, Miguel Guerrero ha destacado que continuar con las exhumaciones, ahora en la fosa de Monumento, es una cuestión de «Derechos Humanos».
