El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla está promoviendo una moción en la comisión de control y fiscalización para instar al gobierno de la ciudad a entablar un diálogo con el Gobierno central y la Junta con el fin de establecer un impuesto que grave la estancia en alojamientos turísticos en Sevilla, con la posibilidad de extenderlo a cruceristas y otras modalidades de visita.
Según el texto de la moción consultado por Europa Press, para que la propuesta sea debatida en el próximo Pleno municipal, el PSOE necesita el apoyo de Con Podemos-IU y la abstención de Vox o del PP, partido del gobierno municipal. El alcalde ha expresado en repetidas ocasiones que la tasa debe ser una petición expresa del sector.
Además, la moción propone reiterar un acuerdo anterior en el que se instaba a la Junta de Andalucía a analizar la implementación de un marco legislativo autonómico para establecer instrumentos fiscales que permitan la implementación de mecanismos de fiscalidad turística que grave las pernoctaciones en establecimientos hoteleros y turísticos.
El PSOE argumenta que «el turismo es la columna vertebral de la economía sevillana», pero que «llegado a cierto nivel de presión turística, el sector genera externalidades económicas que afectan a la ciudad sin ser compensadas con el funcionamiento normal del mercado».
El grupo municipal reconoce que el sector turístico «no reclama la tasa motu proprio», ya que para el cobro se necesita su colaboración, lo que «supone un esfuerzo adicional a su gestión diaria». Además, destacan que el anterior gobierno local alcanzó un principio de acuerdo con el sector en 2022, un modelo consensuado que no supusiera gastos añadidos a su gestión, que la recaudación se destinara íntegramente a la mejora de la competitividad del destino Sevilla y que el control de la inversión se fiscalizara por un organismo mixto en el que participara el sector privado.
En resumen, la moción socialista busca que Sevilla ejerza un liderazgo para impulsar la implantación de un impuesto turístico, ya que tanto los gobiernos autonómicos como el nacional no lo consideran una prioridad a menos que los alcaldes de las ciudades más afectadas empujen a ello.
