SEVILLA, 3 de agosto (EUROPA PRESS) – El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha instado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), a que reclame con urgencia la aplicación de la Ley de Capitalidad y que reactive la mesa institucional correspondiente, la cual reúne a los tres niveles de gobierno –local, autonómico y central–, un año y medio después de su creación con el entonces alcalde Antonio Muñoz (PSOE). «Es fundamental retomar las acciones que nos conduzcan a la implementación de ese documento».
Estas declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida a Europa Press, donde el mandatario provincial enfatizó la importancia de que la ciudad «mejore sus competencias, funciones y reciba más recursos económicos, dado que es el centro político y administrativo, y ostenta la capitalidad: así lo establece la ley y, en este caso, el Estatuto de Autonomía».
En este contexto, Fernández enfatizó que Sevilla es la capital de Andalucía, «guste o no guste», y, por ende, «es necesario elaborar una ley de capitalidad para definir funciones, ampliar competencias y mejorar la financiación que recibe Sevilla».
Según el presidente de la Diputación, «desde Sevilla estamos solicitando lo mismo que la Junta solicita al Gobierno de España: ‘No pretendemos ser superiores a nadie, pero tampoco queremos ser inferiores'». En este sentido, «en los últimos tiempos hemos observado cómo Sevilla no es una prioridad para el Gobierno andaluz», lo que se traduce en una «discriminación positiva hacia otras zonas de la comunidad autónoma».
Asimismo, Fernández mencionó los 700.000 habitantes censados en la capital y el hecho de que la población de la provincia representa el 25% de toda Andalucía; «como mínimo, debemos ser tratados como lo que somos: dos millones de habitantes, por lo que manifestaremos nuestro descontento y alzaremos la voz donde sea necesario».
La ‘Mesa Institucional de Sevilla’ fue creada a mediados de enero del año pasado. En la reunión celebrada en el Ayuntamiento, junto al entonces alcalde, estuvieron presentes la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en representación del Gobierno central, y el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, en representación del Gobierno autonómico.
Entre los temas abordados, se destacó la condición de capital de Andalucía y tercera área metropolitana de España, «circunstancias que generan gastos adicionales para mantener el nivel de servicios públicos y albergar los edificios gubernamentales de la Junta y del Gobierno central». En esa primera reunión, se acordó encargar un informe de viabilidad jurídica para «analizar las implicaciones de reconocer esta particularidad», un concepto enfatizado por ambas partes.
Desde el Ayuntamiento se argumenta la existencia de un marco jurídico similar al de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma de Mallorca, Mérida o Logroño en sus respectivas comunidades autónomas, mientras que el Gobierno andaluz, que nunca ha ocultado sus reservas, sostiene que la negociación sobre una potencial Ley de reconocimiento del estatus de Sevilla como capital de Andalucía «no puede ser elaborada en detrimento de las demás capitales, municipios o de nadie más».
