El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se reunió con el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano Rodero, para discutir sobre la posibilidad de cerrar la plaza de España y establecer un sistema de tarifas de entrada para turistas, exonerando a los residentes locales. El Ayuntamiento propone un convenio con el Estado para gestionar el acceso al monumento, con una distribución de ingresos del 75% para el municipio y el 25% para el Estado.
Sanz justifica esta medida como una forma de financiar la conservación del monumento, mantener la seguridad las 24 horas y establecer una escuela de restauración permanente. Sin embargo, la propuesta ha generado oposición por parte de empresarios hoteleros, agencias de viaje, sindicatos, fuerzas de izquierda y otros grupos sociales.
El Gobierno central, por su parte, ha rechazado la propuesta argumentando que las dependencias estatales en la plaza de España son de uso público y cualquier medida para restringir el acceso sería considerada una privatización. Toscano Rodero confirmó el rechazo del Gobierno y anunció la tramitación de un contrato para la restauración de elementos deteriorados en el monumento.
Además, en relación a la petición de Sanz de aumentar el número de agentes de la Policía Nacional en la ciudad, Toscano aseguró que el Gobierno ha incrementado el personal policial en más de un 7,5% desde que asumieron el cargo, demostrando un compromiso de crecimiento constante en la plantilla policial de Sevilla.
