La construcción de la nueva sede judicial en Alcalá de Guadaíra ha generado polémica debido al acuerdo firmado por el Gobierno local de PSOE y AxSí con la Junta de Andalucía, en el que se establece que los alcalareños deberán costear el proyecto. Esta decisión ha sido duramente criticada por la portavoz adjunta del grupo municipal de Vox, Carmen Loscertales, quien ha calificado la situación como un «yo invito, pero pagas tú» por parte de la Junta.
Según Loscertales, se trata de una competencia autonómica que debería ser financiada por la Junta, y no con el dinero de los impuestos de los ciudadanos de Alcalá. La construcción de la nueva sede judicial ha sido prometida durante más de 20 años por diferentes partidos políticos, sin que se haya cumplido hasta el momento.
La operación acordada entre el Ayuntamiento y la Junta ha sido descrita por Vox como una «trampa mortal para Alcalá», ya que el Consistorio recuperará la inversión a través del alquiler del edificio a la Junta durante 30 años. Esta situación deja en manos del gobierno autonómico la devolución del dinero invertido, lo que genera incertidumbre en cuanto a la transparencia del proceso.
Vox ha recordado los constantes cambios de postura y anuncios contradictorios por parte de los gobiernos locales y autonómicos en relación con la ubicación y construcción de la sede judicial en Alcalá. Loscertales ha criticado la falta de un modelo claro y definido para la ciudad, lo que ha llevado a decisiones que han generado problemas de circulación, falta de aparcamientos y descontento entre los vecinos.
Ante la falta de información sobre los plazos para la realización del proyecto, la portavoz adjunta de Vox ha concluido que tanto la alcaldesa como el consejero no han dado una respuesta clara sobre el tema, dejando en el aire las expectativas de los ciudadanos de Alcalá.
