La provincia de Sevilla registró un aumento en el número de licencias de taxi y autorizaciones para vehículos de transporte concertado (VTC) al comenzar el nuevo año, según la última estadística estatal sobre el transporte de viajeros en turismos. En concreto, se contabilizaron 2.082 licencias de taxi y 453 autorizaciones para VTC, lo que representa un incremento de 63 taxis y dos autorizaciones de VTC en comparación con enero de 2023.
Estos datos, recogidos por Europa Press a partir del último recuento del Ministerio de Transportes, se dan en un contexto en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal la limitación implantada en el Área Metropolitana de Barcelona para las autorizaciones de VTC. El TJUE consideró que estas restricciones suponían «restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento» y no constituían una ayuda de Estado al sector del taxi.
En 2022, entró en vigor un decreto de la Junta de Andalucía que modificaba la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, con el objetivo de regular los VTC que operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify. Entre las medidas establecidas en el decreto andaluz se encuentran la prohibición de estacionar o circular sin servicio precontratado a una distancia mínima de 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses.
Sin embargo, estas medidas han generado protestas por parte de las asociaciones de taxistas, que han anunciado su decisión de recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, las patronales del sector de las VTC también han criticado las limitaciones impuestas, como en el caso de las dimensiones mínimas de los vehículos.
Además, la Junta de Andalucía aprobó un decreto de modificación del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en Automóviles de Turismo, que introdujo medidas de modernización en el sector andaluz del taxi. Entre estas medidas se incluyó la posibilidad de ofrecer un precio cerrado para los servicios previamente contratados a través de una aplicación de telefonía móvil y la contratación del servicio por plaza (taxi compartido) en supuestos de gran demanda.
Los taxistas de Sevilla capital reclaman la continuidad de la política de rescate de licencias acordada en 2016 entre el Ayuntamiento y las principales asociaciones del sector. En aquel año, se acordó el rescate de 140 licencias de taxi a razón de 70.127 euros a abonar a cada taxista que renunciase a su licencia, con el objetivo de ajustar la oferta a la demanda y garantizar la viabilidad económica del sector. Sin embargo, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía señala que la convocatoria de nuevos rescates de licencias de taxi con cargo a los fondos municipales «podría no encontrar justificación» en materia de «interés general», debido a la variación de las circunstancias socioeconómicas desde la implementación de esta política.
