Las principales asociaciones judiciales de Sevilla han solicitado a la Consejería de Justicia que reconsidere la intervención llevada a cabo en el edificio A del complejo de Palmas Altas, que se ha convertido en la nueva sede judicial. Según estas asociaciones, el espacio no cumple con las condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento de la administración de justicia.
En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, han expresado su preocupación por la reciente visita del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, al edificio A. Durante la visita, Nieto afirmó que el edificio estaba completamente habilitado y que se trasladarían a él varios juzgados de lo Mercantil y Contencioso-administrativo.
No obstante, las asociaciones judiciales consideran que el traslado a Palmas Altas supone un retroceso para el servicio de justicia en la ciudad. Hasta ahora, todas las sedes judiciales estaban ubicadas cerca una de la otra, en el eje Prado-San Bernardo, y funcionaban de manera satisfactoria para los ciudadanos y profesionales. El traslado al nuevo centro supone dificultades de acceso y falta de aparcamientos, lo que generará retrasos en los trámites y suspensiones de juicios.
Además, las asociaciones advierten que el edificio no cumple con las condiciones mínimas para el desempeño de la actividad judicial. Los despachos asignados a los magistrados son pequeños y no cuentan con espacio para elementos esenciales en la labor judicial, como armarios o estanterías. También destacan que las oficinas judiciales carecen de separación entre los funcionarios de cada juzgado, lo que dificulta la privacidad y relación entre el personal.
Ante esta situación, las asociaciones solicitan que se replantee la intervención realizada en el edificio de Palmas Altas, en el que se han invertido más de 1,2 millones de euros en su adecuación. Consideran que es necesario asegurar unas condiciones adecuadas para el ejercicio de la justicia en la ciudad.
