El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha negado que la aprobación definitiva de la limitación municipal a las viviendas de uso turístico, programada para el pleno de este jueves con el apoyo de Vox, abra la posibilidad de añadir 23.000 nuevas viviendas de este tipo, asegurando que el máximo sería de 7.000 viviendas. Tras la entrada en vigor del decreto de la Junta de Andalucía en marzo, que permite a los municipios adoptar medidas de este tipo, Sevilla sería la primera ciudad andaluza en limitar las viviendas de uso turístico.
El gesto responsable de Vox al apoyar el texto final ha sido reconocido por De la Rosa, quien destacó que en junio no prosperó la regulación promovida por el Gobierno local debido al rechazo de la oposición. En julio, el PP presentó un nuevo documento que incluía la revisión del número máximo de pisos turísticos en ciertas zonas, así como una revisión trimestral de los porcentajes de viviendas turísticas respecto a las residenciales.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno local para avanzar con la normativa, los grupos de oposición se abstuvieron a la propuesta de debate urgente, insistiendo en una norma más estricta y la suspensión temporal de autorizaciones. De la Rosa lamentó el rechazo de la oposición en junio y destacó las negociaciones promovidas para superar esta situación.
La medida establecerá un límite del diez por ciento para las viviendas de uso turístico en zonas saturadas como el casco histórico y Triana, donde no se autorizará la apertura de nuevas viviendas turísticas. Además, se realizarán revisiones trimestrales y se implementarán medidas de control e inspección para frenar el crecimiento en estas zonas.
A pesar de las advertencias del PSOE y Podemos-IU sobre la posible instalación de 23.000 nuevas viviendas turísticas, De la Rosa aseguró que no se alcanzará esa cifra, ya que los informes del gobierno local apuntan a un máximo de 7.000 viviendas. Además, se mencionó un informe de la Gerencia de Urbanismo que indica que el Ayuntamiento no tiene la potestad para establecer moratorias o prohibiciones en relación con las viviendas de uso turístico.
