La Audiencia de Sevilla ha dictado sentencia contra un matrimonio que utilizaba su casa en Alcalá de Guadaíra como punto de venta de drogas, incautándoles una pistola de señales y 54 cartuchos. Según la información recogida por Europa Press, el principal acusado, José Manuel S.H., con antecedentes penales, se dedicaba a la venta de sustancias ilegales desde su domicilio en la calle Tonelero de Alcalá de Guadaíra.
Tras recibir denuncias de los vecinos, la Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia en la vivienda, observando un constante flujo de personas entrando y saliendo en un corto periodo de tiempo. Once de estas personas fueron interceptadas con drogas en su posesión, confirmando haberlas adquirido en la vivienda de Alcalá.
El 20 de enero de 2022, la Policía Nacional llevó a cabo un registro en la casa, autorizado por el Juzgado de Instrucción número uno de Alcalá, donde se encontraron pequeñas cantidades de resina de cannabis y heroína, así como restos de cocaína y una pastilla de esta última sustancia. Además, se halló una pistola de señales en una caja fuerte, junto con 54 cartuchos.
La sentencia condenatoria establece que José Manuel S.H. actuaba bajo la influencia de su adicción a las drogas, mientras que su esposa, Noelia D.N., colaboraba en la operación advirtiendo a su marido de la presencia policial y ocultando ocasionalmente la droga.
José Manuel S.H. fue condenado a dos años de prisión y una multa de 4.975 euros por un delito contra la salud pública, con la atenuante de drogadicción, mientras que su esposa recibió una condena de un año y medio de cárcel como cómplice, con la misma multa, aunque su pena quedó suspendida bajo la condición de no reincidir durante tres años.
A pesar de la solicitud de suspensión de la pena de cárcel por parte de la defensa de José Manuel S.H., el tribunal denegó la petición debido a sus antecedentes penales, otorgando un plazo para demostrar su compromiso con un tratamiento para superar su adicción a las drogas.
Antes del acuerdo alcanzado entre las partes, la Fiscalía pedía diez años de prisión para cada acusado por delitos contra la salud pública y tenencia de arma prohibida.
