Las asociaciones contrarias al plan del Real Betis para renovar el estadio Benito Villamarín han expresado su preocupación por lo que consideran una priorización de los intereses económicos del club por encima de la seguridad de los asistentes.
Según la Subdelegación del Gobierno, es responsabilidad del Ayuntamiento de Sevilla otorgar las autorizaciones necesarias para las obras propuestas por el Betis. La entidad gubernamental ha asegurado que velará por garantizar las condiciones de seguridad adecuadas en el recinto.
El proyecto del club contempla una inversión de entre 80 y 100 millones de euros para modernizar el estadio y convertirlo en un centro de entretenimiento y eventos. Se incluye la construcción de un edificio de hasta 47 metros de altura para usos hoteleros y de ocio, junto con un aparcamiento subterráneo para 400 vehículos.
A cambio, el Real Betis se compromete a ceder terreno para espacios públicos y liberar parte de la fachada del estadio. Sin embargo, los críticos argumentan que la ocupación de este espacio para el nuevo edificio representa un riesgo para la seguridad de los asistentes a los eventos deportivos.
Ante estas preocupaciones, la Subdelegación del Gobierno ha reiterado que el Ayuntamiento de Sevilla tiene la competencia para autorizar las obras de remodelación. Se comprometen a colaborar en temas de seguridad, pero respetando la autonomía local y las competencias de otras instituciones.
Las asociaciones continúan insistiendo en que el proyecto del Betis pone en peligro la seguridad de los espectadores en el estadio Benito Villamarín en aras de los beneficios económicos del club.
