La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Carmen Martínez Perza, ha salido en defensa de la Ley 4/2023 de garantía de los derechos de las personas LGTBI, argumentando que esta ley cuenta con disposiciones legales para prevenir el fraude que ha sido denunciado en un caso de presunta violencia doméstica y de género en Sevilla. En este caso, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla se ha inhibido a favor de los juzgados de Instrucción, ya que el acusado solicitó una rectificación de su inscripción registral para identificarse como mujer.
Martínez Perza explicó que la ley estatal contempla mecanismos legales para detectar y evitar el fraude, haciendo referencia específica al artículo 46.3, el cual establece que cualquier cambio registral de sexo o nombre no modificará el régimen jurídico aplicable a la persona en términos de violencia de género.
En relación al auto emitido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos, se ha indicado que los hechos atribuidos al acusado sugieren la comisión de un delito penal, a pesar de la rectificación de su identidad en el registro civil. El juzgado señaló que la competencia para instruir delitos de violencia de género se mantiene, independientemente de cualquier cambio registral.
El abogado penalista José Antonio Sires, representante de la denunciante en este caso, ha expresado su preocupación por lo que considera un intento de fraude por parte del acusado para evitar ser juzgado por un tribunal especializado en violencia de género. Sires espera que la Fiscalía investigue este caso y aclare si el cambio de identidad del acusado tiene como objetivo eludir las consecuencias de la violencia machista.
En este sentido, el abogado ha instado a la Fiscalía a pronunciarse sobre el caso y a determinar si el cambio de identidad del acusado constituye un fraude a la ley. En caso de que la Fiscalía no actúe, Sires tomará medidas para garantizar que se haga justicia en este caso de presunta violencia de género.
