Los colectivos en contra de la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia Católica y la asociación Ben Baso de profesores, han organizado una ruta informativa en Sevilla para concienciar sobre el patrimonio histórico. Esta ruta comenzará a las 11 de la mañana desde la parroquia de San Isidoro y recorrerá la iglesia de El Salvador para finalizar en la Catedral. Durante el recorrido, se hará hincapié en la exigencia de que el Patio de los Naranjos vuelva a ser de pleno acceso público.
Recientemente, los activistas se reunieron con diputados del PSOE y Sumar en el Congreso para entregarles un manifiesto en el que expresan su preocupación por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a la reversión de las inmatriculaciones. Este tema fue mencionado por Sánchez en su discurso de investidura en 2019 y forma parte del programa de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.
El listado de bienes inmatriculados en la provincia de Sevilla, publicado por el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, incluye 295 bienes, en su mayoría mediante una certificación eclesiástica. Sin embargo, el colectivo argumenta que este inventario no incluye los bienes inmatriculados entre 1946 y 1998, ni ofrece la información necesaria para identificar y conocer lo inmatriculado.
Además, la Conferencia Episcopal reconoció que cerca de mil bienes inmuebles incluidos en la lista de activos fueron inmatriculados por error. Del total de inmuebles inmatriculados por la Archidiócesis de Sevilla, se han detectado «incidencias» en ocho casos concretos, según fuentes del Arzobispado.
El colectivo reclama la reversión de los bienes inmatriculados de manera ilegítima e ilegal, así como la creación de un patronato público para la gestión de espacios como la Catedral de Sevilla. Además, promueven una campaña para exigir la apertura inmediata del Patio de los Naranjos, que fue privatizado en 1992 durante la exposición universal de Sevilla. Este espacio se mantiene como parte de la visita de pago al conjunto catedralicio, impidiendo su disfrute y uso público.
