La plantilla de KBR, encargada de los servicios de ingeniería civil y apoyo logístico de la base aérea de Morón de la Frontera, ha llevado a cabo su segunda jornada de huelga en protesta por los recientes despidos realizados por la empresa. El presidente del comité de KBR, José Armando Rodríguez Ardila, ha condenado estos despidos calificándolos de «inhumanos» y exigiendo la reincorporación inmediata de los afectados.

Rodríguez Ardila ha señalado que la gestión de KBR en las bases de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Turquía cuenta con una proporción de diez empleados locales por cada norteamericano, mientras que en la base de Morón la ratio es de tres trabajadores españoles por cada estadounidense. Además, ha advertido al Gobierno español sobre la necesidad de intervenir en el conflicto laboral, ya que KBR ha anunciado que además de los 15 despidos actuales, planea prescindir de otros 36 empleados.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano Rodero, ha mostrado su compromiso de mediar en el conflicto y ha expresado el apoyo del Gobierno a la plantilla de la base aérea de Morón. Por su parte, Rodríguez Ardila ha denunciado la continua pérdida de empleos en la base de Morón desde 2010, solicitando la intervención del Gobierno central y la Junta de Andalucía para defender el empleo local.

El comité de empresa ha alertado sobre una presunta estrategia de sustitución de personal español por profesionales estadounidenses en la base de Morón. Cabe destacar que KBR formaba parte de la sociedad Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), responsable del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para la base de Morón entre 2010 y 2015.

En cuanto a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) llevados a cabo en la base de Morón, VBR realizó tres ERE que afectaron a 240 trabajadores, en su mayoría españoles, durante un periodo de crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base. En julio de 2022, KBR ejecutó un nuevo ERE que resultó en la extinción de 49 puestos de trabajo, reduciendo la plantilla española a unas 260 personas.

Ante esta situación, la plantilla ha pedido una modificación del tratado bilateral de defensa entre Estados Unidos y España para incluir mejoras laborales y garantías de mantenimiento del empleo, abogando por una equiparación con la plantilla civil de la base de Rota.

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