El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha reiterado su llamado a revisar las penas por fraude eléctrico en el Código Penal para combatir los cortes de luz en ciudades andaluzas como Sevilla. Tras una auditoría externa encargada por el Gobierno andaluz para investigar las causas de los cortes en algunos barrios sevillanos, se ha determinado que «no es un problema de potencia disponible», según Paradela.
Durante una comisión parlamentaria y en respuesta a la diputada Esperanza Gómez de Por Andalucía, el consejero de Industria ha destacado que el informe externo concluye que «las instalaciones cuentan con potencia y capacidad suficientes para satisfacer la demanda contratada». Ante este panorama, en el que se identifican «anomalías» en la red atribuibles tanto a la empresa distribuidora, Endesa, como a los consumidores, Paradela ha anunciado que la Junta ha solicitado a la compañía un plan de acción «urgente» para abordar estos problemas y ha iniciado un proceso sancionador.
Para abordar las «anomalías» causadas por los consumidores, como conexiones ilegales, instalaciones sin protección adecuada o sin contador, el consejero Paradela ha instado a las administraciones regional, local y nacional a mantener la coordinación. Por su parte, la diputada Gómez ha señalado que si bien es posible que en algunas zonas los cortes se deban a enganches ilegales por plantaciones de marihuana, esta explicación es demasiado simplista. Ha exigido a Endesa que realice inversiones para abordar este problema de manera más integral.
La auditoría externa ha evaluado 56 centros de transformación de los 437 existentes en Sevilla. Aunque la potencia contratada representa el 51% de la disponible en estos centros, hay siete transformadores cuya potencia contratada supera el 90% de la disponible sin que se hayan registrado problemas significativos. Sin embargo, en 23 de los 56 centros analizados, las interrupciones del suministro al año superan el límite establecido por la Ley del sector eléctrico. En estos puntos donde el consumo supera la potencia contratada, se reconoce la presencia de enganches ilegales, según el titular andaluz de Industria.
Los barrios estudiados han sido Padre Pío-Palmete, Tres Barrios-Amate, Los Pajaritos, Cerro del Águila, Juan XXIII, Rochelambert, La Plata-Su Eminencia, Torreblanca, Polígono Sur, Bellavista y Valdezorras. Se ha analizado aproximadamente el 65% de los puntos de suministro, lo que ha implicado 3.100 horas de trabajo por parte de los técnicos de la empresa auditora.
En cuanto a la respuesta de Endesa, el director territorial de la compañía en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, ha señalado que los resultados de la auditoría refuerzan la posición de la empresa de que hay suficiente potencia disponible en comparación con la demanda contratada. Además, se ha identificado que ha habido manipulaciones en las instalaciones particulares que generan riesgos para la red de distribución y las personas.
Sánchez Durán ha destacado la inversión de 12,7 millones de euros desde 2020 para fortalecer los centros de transformación y las nuevas líneas. Asimismo, ha mencionado que en muchas ocasiones, los excesos de demanda están vinculados a plantaciones de marihuana que generan consumos irregulares en zonas residenciales, lo que puede sobrecargar los centros de transformación y provocar incendios. En los últimos cuatro años, se han registrado 16 incendios en estos centros por sobrecarga en estas zonas.
Respecto a la sanción anunciada por la Junta, Endesa ha indicado que se trata de un proceso sancionador y que los defectos identificados no son la causa principal de las incidencias registradas en las áreas analizadas. La compañía ha asegurado que se corrigen este tipo de anomalías de manera regular y que se realizan trabajos definitivos para reponer el servicio.
