La biblioteca pública Felipe González de Sevilla será el escenario de un debate organizado por Ecologistas en Acción, que tratará sobre la nueva explotación de la mina de Aznalcóllar por parte de Minera Los Frailes, una alianza empresarial conformada por Grupo México y Minorbis. Según el colectivo, esta nueva explotación supondría un «vertido tóxico global de 85,5 hectómetros cúbicos en el Guadalquivir».
En esta mesa de debate participarán Isidoro Albarreal, del área de Minería de Ecologistas en Acción; María Jesús Beltrán Muñoz, profesora titular de la Pablo de Olavide y Juanjo Carmona, coordinador de la oficina para Doñana de WWF España, entre otros. El título del encuentro, «los mismos errores 25 años después», refleja la preocupación de los ecologistas por la situación.
Los ecologistas señalan que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha emitido un dictamen favorable para la nueva explotación, que incluiría el vaciado completo de las aguas contaminadas con metales pesados de la corta del yacimiento y el vaciado parcial de la corta de Aznalcóllar. Este vertido afectaría al Guadalquivir, desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, poniendo en peligro la Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir y el Parque Nacional de Doñana.
Mientras que las autoridades defienden que el proyecto generará empleo y revitalizará la economía de la zona, Ecologistas en Acción advierte que los intereses de la empresa están primando sobre los de los arroceros, agricultores, pescadores y mariscadores del Estuario del Guadalquivir. Además, critican que se promueva la reapertura de la mina, a pesar del juicio fijado para 2025 para resolver si mediaron delitos en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero.
El juicio abarca presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan. Los ecologistas piden la suspensión de los procedimientos de autorización hasta que se celebre el juicio, ya que la Justicia ha desestimado todas las reclamaciones judiciales de suspensión de los permisos y trámites promovidos para reactivar el yacimiento minero.
