La portavoz del grupo Con Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha pedido al gobierno municipal que excluya a la Iglesia católica de cualquier exención en las ordenanzas municipales. Esta solicitud se basa en el informe del Defensor del Pueblo, que revela que 445.000 personas han sido víctimas de violencia sexual por parte de miembros de la jerarquía católica.
Durante una reunión con el portavoz del PP, Juan Bueno, para discutir la propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales, Hornillo ha argumentado que, al igual que una empresa que tiene deudas con Hacienda o la Seguridad Social no puede acceder a contratos públicos o subvenciones, no tiene sentido que el Ayuntamiento exima a la Iglesia del pago de impuestos cuando esta tiene una deuda pendiente con la sociedad.
Además, Hornillo ha exigido que se interrumpa cualquier tipo de exención fiscal a la Iglesia hasta que esta articule un mecanismo de reparación que incluya la compensación económica para las víctimas. También ha pedido al gobierno de José Luis Sanz que se manifieste públicamente a favor de las víctimas sexuales y evite cualquier acto de complicidad institucional con las agresiones cometidas por miembros de la Iglesia durante décadas.
«Merecemos un Ayuntamiento que esté del lado de las víctimas de abusos y que actúe en consecuencia», ha afirmado Hornillo, añadiendo que suspender los privilegios fiscales a la Iglesia hasta que se disculpe con las víctimas y colabore con los procesos judiciales es un acto de sentido común.
El grupo municipal Con Podemos-Izquierda Unida ha presentado un total de 36 enmiendas al proyecto de Ordenanzas Fiscales con el objetivo de garantizar criterios de progresividad fiscal, respetar los derechos de la clase trabajadora y aumentar la recaudación gravando a quienes más tienen. Según la coalición progresista, el proyecto de Ordenanzas Fiscales del PP muestra un gobierno que desconoce la situación de la mayoría de la ciudadanía y está entregado a la derecha económica.
En este sentido, han manifestado su total rechazo a una propuesta fiscal que, junto con el anunciado aumento del agua y las basuras, generará incrementos en la tasa de cementerios, las bodas en el Ayuntamiento y afectará a los usuarios de motocicletas, además de eliminar bonificaciones que ayudaban a miles de familias a llegar a fin de mes.
