La Universidad de Sevilla (US) ha afirmado que todos los estudiantes tienen garantizadas sus prácticas externas, y si las empresas o instituciones no pagan el alta en la Seguridad Social, será la US quien se encargue de ello. Esta medida se ha tomado en respuesta a la obligación de cotizar por los estudiantes en prácticas de Formación Profesional (FP) y universitarios, que entró en vigor el 1 de enero.
En el caso de la US, hay alrededor de 10.000 becarios con prácticas curriculares, mientras que en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) son más de 2.400 estudiantes que realizan sus prácticas formativas en 1.200 empresas. En toda España, el número de estudiantes afectados asciende a más de un millón.
Para garantizar el alta en la Seguridad Social de los estudiantes, la US está trabajando con Universitas XXI y Ícaro para abordar un proceso que permita registrar a los estudiantes en el sistema. Además, se están negociando mecanismos para compensar el gasto que conllevará esta medida.
Por su parte, la UPO ha informado a los estudiantes a través de las redes sociales y correos electrónicos sobre la necesidad de registrar el número de afiliación a la Seguridad Social para realizar prácticas a partir de enero.
El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha defendido la medida, afirmando que es lógico que al principio haya habido tensiones, pero que el sistema ya está implantado y va a suponer una mayor protección para los estudiantes. A pesar de las preocupaciones iniciales, Suárez se ha mostrado satisfecho con la implementación de esta medida, considerándola como algo positivo tanto para los jóvenes como para el sistema en general.
En términos de formación, la cotización de los estudiantes se percibe como un estímulo, ya que promueve una conciencia de la importancia de estar dentro del sistema y genera derechos y compromisos con respecto a los jubilados. Además, se considera que esta medida contribuirá a mejorar la calidad de las prácticas que realizan los estudiantes.
