En Sevilla, los colectivos memorialistas han llevado a cabo una manifestación en el pleno del Ayuntamiento para expresar su descontento por la negativa del Gobierno local de PP y Vox a una propuesta de los concejales de Podemos-IU relacionada con la memoria histórica. Durante la protesta, fueron expulsados de la sesión por interrumpir con sus reclamos, desobedeciendo las indicaciones del presidente, el concejal Álvaro Pimentel, de mantener silencio.
La propuesta fue discutida después de que el Gobierno central, liderado por PSOE y Sumar; la Junta de Andalucía, gobernada por el PP; la Diputación provincial, controlada por el PSOE; y el Ayuntamiento, dirigido por el PP, anunciaran un acuerdo preliminar para elaborar un protocolo de intenciones antes de un convenio de financiación para la excavación de la fosa común en Monumento. Según el historiador José Díaz Arriaza, esta fosa podría contener los restos de 2.616 posibles víctimas de la represión militar posterior al golpe de estado de 1936.
Esta iniciativa se suma a la excavación de la fosa de Pico Reja, donde se recuperaron los restos óseos de 1.786 personas asesinadas durante el golpe de 1936 y la represión militar bajo el mando del general Gonzalo Queipo de Llano.
LOS FUSILAMIENTOS BAJO EL MANDO DE QUEIPO DE LLANO
De acuerdo con la Real Academia de la Historia, durante el mandato del general golpista Gonzalo Queipo de Llano, se estima que alrededor de 40.000 personas fueron ejecutadas en el territorio bajo su control después del golpe de estado de 1936. Se calcula que solo en Sevilla se llevaron a cabo 4.200 ejecuciones y 9.000 en la provincia.
Los activistas de memoria histórica han advertido que, más allá de la fosa de Monumento, los gobiernos populares de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla han detenido las políticas de memoria histórica, incumpliendo, según ellos, con las familias de las víctimas que exigen recuperar los restos de sus seres queridos y darles un entierro digno.
Los memorialistas han señalado la suspensión de la Oficina Municipal de Memoria Histórica y del proyecto para un centro de interpretación en el pabellón de ingreso de la antigua cárcel de la Ranilla, entre otros aspectos.
En este sentido, la moción presentada por los concejales de Podemos e IU instaba a cumplir de manera efectiva y sin demoras las obligaciones establecidas en las leyes de memoria de Andalucía y del Estado, eliminando los símbolos franquistas, promoviendo homenajes a las víctimas, impulsando subvenciones para actividades memorialistas, programas educativos y el reconocimiento de las víctimas en la ciudad.
INSTANCIA A LAS ADMINISTRACIONES
La propuesta también incluía instar a las administraciones central, autonómica y provincial a tomar las medidas correspondientes para cumplir con lo establecido en las leyes mencionadas. Sin embargo, fue rechazada por el Gobierno local del PP y Vox, lo que llevó al concejal Ismael Sánchez, de IU, a acusar a dichos grupos de negarse a cumplir con la ley. Por su parte, el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, sostuvo que el Ayuntamiento respalda las leyes de memoria histórica pero no comparte la interpretación de Podemos-IU.
Bueno afirmó que el Ayuntamiento ha iniciado acciones para la exhumación de la fosa Monumento, aunque esta no sea su competencia directa, y que actuará solo después de la intervención del Gobierno central y la Junta de Andalucía.
