El exalcalde socialista de Burguillos, Valentín López Fernández, se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel y 13 años de inhabilitación por parte de la Fiscalía de Sevilla. El motivo de esta solicitud es un presunto delito de prevaricación relacionado con una «irregularidad urbanística» en una parcela de propiedad de los padres del exalcalde.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, presentado por Europa Press, en noviembre de 2016, el actual alcalde de Burguillos, Domingo Delgado, presentó una denuncia sobre estas irregularidades, que afectaban a dos parcelas clasificadas como suelo no urbanizable y catalogadas como de especial protección. Una de estas parcelas era propiedad de los padres de Valentín López.
La Fiscalía sostiene que Valentín López, en su momento alcalde de la localidad, tenía conocimiento de la denuncia y de los indicios de irregularidad, incluso sabiendo que afectaba a sus progenitores. Sin embargo, el exalcalde no se abstuvo de intervenir en el asunto, como establece la Ley de Bases de Régimen Local.
En lugar de iniciar los expedientes correspondientes, Valentín López solicitó únicamente un informe al arquitecto municipal, quien confirmó la irregularidad de lo construido tanto de manera verbal como por escrito. Además, el exalcalde instó al arquitecto a realizar otros informes pendientes, sin incluir este caso en particular.
La situación se agravó cuando, en noviembre de 2018, el Ayuntamiento recibió un requerimiento judicial para informar sobre las actuaciones realizadas en relación con la denuncia presentada por el PP. Fue en ese momento cuando se abrió el primer expediente administrativo en relación a estos hechos.
La Fiscalía considera que Valentín López, a pesar de conocer la ilegalidad de la construcción y su relación de parentesco con los afectados, no tomó las medidas necesarias para investigar y sancionar los hechos, incumpliendo así la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En base a estos hechos, la Fiscalía reclama una condena de dos años y medio de cárcel, una multa de 6.000 euros y 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El juicio está previsto para el próximo 9 de noviembre en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla.
